La piratería

A los pescadores del barco atunero Alakrana les han dejado en libertad los piratas somalíes tras cobrar el rescate. El Presidente de nuestro gobierno lo ha comunicado personalmente a los españoles con una comparecencia pública y con ello ha asumido los aciertos y errores de esta crisis que parece ha dado por concluida.

Atenea ha mantenido durante la misma una libertad responsable. Libertad porque se han publicado artículos sobre posibles alternativas de solución pero responsablemente hemos obviado publicar informaciones que afectara a la gestión concreta de la crisis por parte de nuestro Gobierno. Cuando éste informe al Congreso sobre los detalles de su gestión, se podrá hacer la crítica y valoración de la crisis con mejor fundamento y objetividad. Sin embargo existen ya actuaciones sobre las que es posible y conveniente aportar nuestro punto de vista a partir de una situación ambiental sobre la que conviene alguna reflexión.

La piratería es un lamentable fenómeno que nos acompaña a lo largo de la historia. En el siglo XIX, tras una decidida y continuada intervención armada, EEUU y otras potencias europeas, la piratería se la redujo a unas acciones esporádicas y residuales.

Sin embargo la generalización del recurso a la guerra irregular, por los movimientos revolucionarios, hacían previsible su reaparición en las áreas geográficas políticamente inestables. No se anticipó la amenaza e incluso el delito de piratería desapareció como tal en nuestra legislación penal.

Somalia, que gravita sobre unas rutas y unos espacios marítimos de gran importancia estratégica y comercial, desde hace más de veinte años está instalada en la inestabilidad, con una débil acción de gobierno, una notable influencia de los islamistas de Al Qaeda y un poder real en manos de señores de la guerra, que tiene establecidas en aquel territorio sus organizaciones, con una buena estructura logística y de comunicaciones para el ejercicio de la piratería, como una forma de vida que les permitió recaudar el pasado año, de los más débiles, más de 100 millones de dólares.

Solo en Puntland hay secuestrados hoy más de una docena de barcos de diversas nacionalidades y junto con el Alakrana había 3 barcos más en Haradere.

La piratería somalí es un asunto complejo ante el que no es posible ponerse de perfil, sino que requería haberse anticipado previsoramente y mantener acciones más resolutorias concertadas entre las potencias que operan en la zona.
Cuando España se avino a pagar el rescate del Playa de Bakio sabíamos que en buena parte contribuíamos a potenciar las organizaciones piratas y que si no continuábamos la acción persecutoria de los secuestradores, el precedente abría el camino hacía nuevos secuestros de nuestros barcos.

Sin embargo si que fuimos impulso de una acción combinada protectora: la "Operación Atalanta". Un proyecto con notables carencias a pesar de su coordinación con otras misiones similares de la OTAN., etc.

Posteriormente y con evidente retraso (a la vista está lo que le sucedió al Alakrana), el Gobierno ha resuelto con agilidad e incluso con algunos atajos procidementales, la seguridad inmediata de los pesqueros y mercantes a cargo de la seguridad privada, de efecto disuasivo pero limitada resistencia si se llega a materializar la agresión, momento en el que sería necesaria la intervención de fuerzas militares de entidad suficiente y con mayor capacidad de reacción, para actuar con en oportunidad que las actuales de la Operación Atalanta. Esto último está por resolver.

El previsible secuestro de un pesquero español, le tocó al Alakrana barco abanderado en España, abrió un nuevo episodio crítico.
Una vez que se constituyó la normativa Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de crisis y designada con lógica la autoridad responsable de la misma, hubiera sido deseable que la Comisión hubiera tenido una sola portavocia, para la comunicación inmediata y frecuente con las familias de los secuestrados, empresa del barco y opinión pública, que modulara la información a suministrar, y que sin descubrir las delicadas gestiones a realizar en estos casos, aprovechara el suficiente campo informativo existente, para transmitir con veracidad lo que fuera posible publicar y así hacer patente que se ejerce un control permanente de la situación. Por motivos que todavía desconocemos, a una larga etapa de silencio, ha sucedido otra en la que en el mismo día, había declaraciones de cinco autoridades del gobierno con versiones fragmentarias y hasta no coincidentes.

En estas situaciones de crisis es preciso saber conjugar la libertad de acción del ejecutivo, la veracidad en la información que sea posible ofrecer sobre la gestión y la promoción de una justa conciencia en la sociedad, de acuerdo con lo que corresponde a un Estado de Derecho.

En esta crisis, si bien era lógico proclamar como objetivo prioritario la liberación sanos y salvos de los tripulantes, nunca debió afirmarse que éste era el principal, absoluto y único objetivo, porque era declarar que sólo se contemplaba transitar el camino de la negociación para el pago del rescate. Si en principio no criticamos el recurso a la negociación, creemos que debe quedar expresado también sin ocultamiento alguno, para la correcta formación de la conciencia social, la decisión última de llevar ante la justicia a los piratas y destruir sus bases. La sociedad tiene que asumir, con la entereza moral que en otras ocasiones ha hecho patente, que se podrán producir riesgos, en la recuperación de los secuestrados y en general de la libertad de navegación. En un Estado de Derecho no se puede ceder al chantaje impunemente, salvo que la negociación sea una acción intermedia en la búsqueda de la solución definitiva y de justicia que ante el delito aquel reclama.

Somos conscientes de que buena parte de la sociedad española ve la piratería de Somalia como algo remoto que no le afecta y que tan sólo lo conmueve el destino y sufrimiento de los secuestrados, pero la responsabilidad de una acertada dirección política no debe optar por la solución más cómoda o mejor recibida por la opinión, sino por la que no desvirtúe el Estado de Derecho ni haga dejación de su jurisdicción. Todo ello administrado con razonable flexibilidad, pero sin que en los dilemas morales, legales y políticos entre el mal mayor y menor, acabemos perdidos y moralmente degradados.

Esperamos que en su informe al Congreso, el Gobierno exponga las acciones contundentes de diverso tipo, a promover a partir de ahora, en coordinación o no con otras naciones, contra los secuestradores del Alakrana y en general para la erradicación de la piratería en esa zona que asegure la libre navegación en esa zona.

Nota al margen.-

Lógica y compartida la alegría por la liberación sin daño de la tripulación del Alakrana pero, manténgase la investigación en curso sobre que bandera llevaba el barco al ser apresado, por si no fuera la correcta, proceder al oportuno expediente administrativo.