miércoles, 26 de enero de 2011
Un patrullero de la Armada hunde un ballenero ocupado por piratas
Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, el patrullero de la Armada recibió una orden del mando de la Operación Atalanta por la mañana para interceptar a un grupo de presuntos piratas que navegaban en dicho barco ballenero y un esquife.
Tras detectar ambas embarcaciones, el buque español inició su persecución, aunque el esquife pudo finalmente separarse de la ballenera y huir, pese a los disparos de advertencia del patrullero.
Posteriormente, el 'Infanta Cristina' procedió a abordar la ballenera y, ante los indicios de que pudiera estar preparada para cometer actos de piratería y siguiendo instrucciones del mando de la Operación Atalanta, procedió al hundimiento de la misma y acercó a sus cuatro ocupantes a la costa somalí.
Por otra parte, los disparos realizados por los cuatro agentes de seguridad privada del 'Albacan' han evitado a las dos de la tarde de este sábado, hora peninsular, un nuevo intento de secuestro pirata en aguas del Índico contra un buque atunero vasco.
Según ha informado el capitán del 'Albacan' a Europa Press, dos esquifes se han acercado por la zona de popa cuando este buque, perteneciente a la empresa armadora Albacora de Bermeo, se encontraba a unas 550 millas al norte de la isla de Mahe (Seychelles).
Las dos pequeñas embarcaciones han continuado su acercamiento al barco vasco hasta que los miembros de la seguridad privada han abierto fuego, momento en que los piratas se han dado a la fuga.
El 'Albacan', además de los cuatro miembros de la seguridad privada, cuenta con una tripulación de dos vacos (patrón y capitán), diez gallegos y dieciocho hombres de otras nacionalidades.
lunes, 24 de enero de 2011
CERCA DE MADAGASCAR El Gobierno emprende gestiones discretas para liberar a un buque de Pescanova secuestrado por piratas
Se trata del capitán y el contramaestre de la embarcación 'Vega 5', que fue vista por última vez el 31 de diciembre cerca de la costa de Mozambique.
El Gobierno ha emprendido gestiones discretas para liberar al buque 'Vega 5', propiedad de una sociedad en la que participa Pescanova y con dos tripulantes españoles a bordo, que se cree que ha sido secuestrado por piratas frente a las costas de Mozambique, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Entre esas gestiones figuran contactos con las autoridades de Mozambique y otros países de la región y con la Operación Atalanta de la UE para la lucha contra la piratería en el Indico, a la que ha informado del suceso. La misión naval de la UE contra la piratería en Somalia confirmó en un comunicado el pasado día 1 que el ' Vega 5' había sido abordado por piratas. El pesquero fue visto por aviones de la compañía Pescanova el 31 de diciembre cerca de la costa de Mozambique, en aguas de este país.
El pesquero, añade la operación Atalanta, remolcaba lo que parecía ser un esquife de ataque pirata, y no respondía a ninguna llamada. A partir de ese momento, se pierde el contacto con el 'Vega 5', pero desde entonces "el barco ha estado constantemente localizado", ha informado Pescanova en un comunicado.
Sin entrar en estos detalles, Exteriores informa este lunes de que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino fue informado el día 30 de diciembre por parte del Grupo Pescanova de que el buque 'Vega 5', de bandera mozambiqueña y con dos tripulantes gallegos a bordo, el capitán y el contramaestre, se encontraba en paradero desconocido.
"Desde ese momento, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Medio Ambiente Rural y Marino, y Defensa se han coordinado y han realizado diferentes actuaciones para abordar la situación", pero "a petición de la empresa, se ha mantenido discreción en las gestiones", explica el departamento que dirige Trinidad Jiménez en una nota.
Según Pescanova, cuenta Exteriores, el 'Vega 5' dejó de tener comunicación con el resto de la flota a la que pertenece y con la base de tierra cuando navegaba frente a las costas de Mozambique, cientos de millas al sur de las aguas en las que prestan labores de vigilancia y apoyo los buques de la Operación Atalanta. "Una vez descartado que se hubiera hundido, la compañía apuntó que podría tratarse de un secuestro", dice Exteriores.
El Gobierno, concluye el comunicado, ha mantenido contacto con las familias del capitán y el contramaestre, así como con la Xunta de Galicia y permanentemente con la Dirección General de Pescanova para África.
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El Gobierno ha emprendido gestiones discretas para liberar al buque 'Vega 5', propiedad de una sociedad en la que participa Pescanova y con dos tripulantes españoles a bordo, que se cree que ha sido secuestrado por piratas frente a las costas de Mozambique, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Entre esas gestiones figuran contactos con las autoridades de Mozambique y otros países de la región y con la Operación Atalanta de la UE para la lucha contra la piratería en el Indico, a la que ha informado del suceso. La misión naval de la UE contra la piratería en Somalia confirmó en un comunicado el pasado día 1 que el ' Vega 5' había sido abordado por piratas. El pesquero fue visto por aviones de la compañía Pescanova el 31 de diciembre cerca de la costa de Mozambique, en aguas de este país.
El pesquero, añade la operación Atalanta, remolcaba lo que parecía ser un esquife de ataque pirata, y no respondía a ninguna llamada. A partir de ese momento, se pierde el contacto con el 'Vega 5', pero desde entonces "el barco ha estado constantemente localizado", ha informado Pescanova en un comunicado.
Sin entrar en estos detalles, Exteriores informa este lunes de que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino fue informado el día 30 de diciembre por parte del Grupo Pescanova de que el buque 'Vega 5', de bandera mozambiqueña y con dos tripulantes gallegos a bordo, el capitán y el contramaestre, se encontraba en paradero desconocido.
"Desde ese momento, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Medio Ambiente Rural y Marino, y Defensa se han coordinado y han realizado diferentes actuaciones para abordar la situación", pero "a petición de la empresa, se ha mantenido discreción en las gestiones", explica el departamento que dirige Trinidad Jiménez en una nota.
Según Pescanova, cuenta Exteriores, el 'Vega 5' dejó de tener comunicación con el resto de la flota a la que pertenece y con la base de tierra cuando navegaba frente a las costas de Mozambique, cientos de millas al sur de las aguas en las que prestan labores de vigilancia y apoyo los buques de la Operación Atalanta. "Una vez descartado que se hubiera hundido, la compañía apuntó que podría tratarse de un secuestro", dice Exteriores.
El Gobierno, concluye el comunicado, ha mantenido contacto con las familias del capitán y el contramaestre, así como con la Xunta de Galicia y permanentemente con la Dirección General de Pescanova para África.
viernes, 21 de enero de 2011
La misión internacional necesita mayor capacidad de disuasión frente a los secuestros
EE UU abre una nueva vía diplomática para combatir a los piratasPese a los esfuerzos desplegados por la Unión Europea, la Alianza Atlántica y algunas de las principales potencias las aguas del Índico siguen siendo un punto negro de la navegación internacional. Más de 16 barcos y 260 tripulantes se encuentran en manos de bandas de piratas que están sembrando el terror en una de las rutas marítimas más frecuentadas del mundo. Y la última semana ha resultado particularmente difícil para las embarcaciones que se han adentrado en el Índico, y también para las fuerzas internacionales encargadas de su protección. Un velero francés, un carguero panameño, un remolcador italiano y un portacontenedores norteamericano, cuyo capitán, Richard Phillips, estuvo a merced de los piratas hasta anoche mismo, han sufrido ataques en los últimos días.
El repunte en la actividad de los piratas no pone en duda la eficacia de los esfuerzos multilaterales, sino que demuestra la crudeza de los términos en los que se está planteando el problema. La presencia internacional no ha tenido hasta el momento efectos disuasorios, como si los piratas buscasen deliberadamente el enfrentamiento armado y el cuerpo a cuerpo. Esta actitud obliga a que los países que participan en la misión de proteger estas aguas -entre ellos España, que desde principios de este mes dirige la fuerza europea en la zona- ajusten la estrategia a seguir. En principio la piratería en el Índico era sólo delincuencia a gran escala, pero hoy no cabe descartar que algunos grupos terroristas estén contemplando estas escaramuzas navales como un nuevo campo de batalla.
El fin de la piratería frente a Somalia depende de que la misión naval internacional vaya adquiriendo mayor capacidad de disuasión, y del futuro político del país. Si no se recompone el Estado en Somalia, el secuestro de barcos será una tentación irresistible para los habitantes de un territorio sin ley. Tanto más cuanto que los armadores, y puede que también algunos Gobiernos, han pagado en el pasado rescates millonarios. El dilema político y moral no es sencillo, pero cada secuestro que se resuelve como exigen los piratas se convierte en un estímulo para sus nuevas acciones. Y los secuestros que se resuelven por vías expeditivas, como el del capitán Phillips anoche, suelen acabar con baños de sangre en los que los rehenes corren los mismos riesgos que los piratas.
miércoles, 19 de enero de 2011
Piratas en el Indico
Esta amenaza, ya concretada en la captura de dos buques pesqueros, ha levantado una controversia social y política ante la que, diferentes partes presentan posturas diferentes en función de ideologías e intereses.
No se trata aquí de relatar hechos de sobra conocidos, ni siquiera de tomar de partido ante una opinión u otra. Pretendemos exclusivamente ver las circunstancias en las que los hechos están ocurriendo, con objeto de plantear los problemas que se presentan y reclamar las soluciones que, al menos en apariencia, sean posibles.
En principio, las operaciones de los piratas se suceden en aguas de interés económico de un estado que podemos considerar prácticamente fracasado e internacionales, llevadas a cabo por personas que no son representativas de ninguna parte y que cumplen con todas las condiciones para ser consideradas como piratas, contra buques comerciales que realizan actividades legales. En esas aguas no existe en la práctica una autoridad legalmente reconocida, que pueda imponer reglas nacionales ni internacionales, por lo que ha habido que recurrir a la acción internacional, de la que el Gobierno español ha sido promotor.
Sin embargo, algunas circunstancias hacen difícil combatir este fenómeno de la piratería: de un lado la enorme extensión de mar en la que se produce, en la que la gran participación internacional se diluye; de otro, la osadía de los piratas que no dudan en alejarse a enormes distancias para cazar a sus presas, empleando medios cada vez más eficaces. Por otra parte, este delito no está reconocido en la legislación de muchos países, entre ellos España, aunque parece que se prepara para introducir las modificaciones legales necesarias.
Mientras, la opinión pública asiste al espectáculo de que las Armadas más poderosas del mundo, preparadas para la destrucción mutua no sean capaces de hacer frente a pequeños botes, desde los que atacan grupos de hombres con escasa formación, aguerridos y armados con armas ligeras pero suficientes para las acciones emprendidas.
Particularmente, la captura del atunero Alakrana ha despertado pasiones porque era una acción casi anunciada, por la capacidad de convocatoria de los afectados y por la incidencia en un prospero sector productivo, localizado en gran medida en una comunidad autónoma, la vasca, en la que precisamente las Fuerzas Armadas levantan recelos en más de una formación política.
La petición más oída es la de que, al igual que hace Francia, los atuneros vayan protegidos por pequeñas unidades de Infantería de Marina a bordo. Pero pocos conocen o han analizado a fondo los problemas que este hecho presenta. Otros, el mismo Ministerio de Defensa, proponen que los armadores paguen seguridad privada, mientras que se airea la posibilidad poco creíble de que la flota abandone esas aguas.
Ambas propuestas, la presencia de fuerzas militares e incluso la de las fuerzas de seguridad del estado presentan dificultades. Pero como hemos dicho, no pretendemos dar soluciones, sino presentar la complejidad del asunto.
Uno de estos aspectos, quizás el principal, es la presencia de fuerzas estatales y su actuación a bordo de los buques en aguas de otro estado. Según los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa, a tenor de las opiniones expresadas por los máximos responsables ministeriales, es que la normativa actual no permite el embarque de fuerzas militares en barcos civiles. Sin embargo, analistas de otros organismos, como los consultados por el PNV no comparten esta opinión.
A la vez, la seguridad privada tiene limitadas sus posibilidades por la normativa vigente, que no les permite el empleo de las armas adecuadas para realizar esta misión. Otra idea también controvertida es, si los barcos pesqueros son territorio nacional, pues existen diferentes opiniones al entender de expertos, que consideran que los únicos que tienen esa condición son los buques de guerra, que aún después de siglos hundidos en el mar siguen siéndolo.
¿Por tanto, si no fueran territorio nacional, especialmente aquellos abanderados en otros países, a que legislación están sujetos aparte del Derecho Internacional. A la del país de origen aunque están fuera de sus aguas, a la de Somalia, estado donde apenas hay un gobierno reconocido?.
Ahora bien, aunque la presencia de estas fuerzas fuera posible legalmente, es necesario considerar su conveniencia y justificación, pues la misión de los estados parece que debe ser la de crear las condiciones favorables para que las actividades civiles, sean del tipo que sean, puedan tener lugar en unas condiciones o clima de seguridad general, en el que fuera suficiente contar con unos servicios de seguridad privada, propia o contratada, en los términos que establece la normativa reguladora de la misma, con el apoyo y respaldo del Estado.
Pero no cabe dar protección física, por evidente falta de medios, a todos y cada uno de los actores en peligro, máxime cuando se trata de intereses privados. Un ejemplo claro es el de los bancos, joyerías o farmacias, objeto de continuos atracos. No obstante, convendría plantearse, si este es un caso en que la presencia estatal podría estar excepcionalmente justificada, además de intervenir cuando sufran agresiones que desborden las posibilidades de su seguridad propia o contratada con empresas privadas.
De ahí que haya que analizar la prohibición de portar armas prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico para la autodefensa en determinados, casos como el de los escoltas en la protección de buques dedicados a actividades industriales privadas.
Dada la indefinición que existe, se da la posibilidad, que no parece deseable, de que las barcos españoles abanderados en países extranjeros recurran a la protección que puedan ofrecerles compañías privadas radicadas en países con menos limitaciones legales, que no dudarían en contratar a personal español para desempeñar las misiones de protección a bordo.
Como conclusión, España se encuentra con que no existe el delito específico de piratería; no tiene base legal para embarcar fuerzas estatales de ningún tipo en los barcos afectados; su normativa no permite que las compañías de seguridad privada armen a sus escoltas como sería conveniente; pero no puede impedir, especialmente a los barcos abanderados en otros países que recurran para su protección a verdaderos soldados de fortuna.
Y, llegados este punto, no sería el momento de que los diversos órganos de la Administración concernidos por este problema, que no lleva trazas de acabar en un plazo cercano, se sienten juntos y provean con urgencia soluciones flexibles que se puedan tomar en este caso y que estén abiertas a posibilidades futuras, en un mundo cada vez más incierto.
La piratería
A los pescadores del barco atunero Alakrana les han dejado en libertad los piratas somalíes tras cobrar el rescate. El Presidente de nuestro gobierno lo ha comunicado personalmente a los españoles con una comparecencia pública y con ello ha asumido los aciertos y errores de esta crisis que parece ha dado por concluida.
Atenea ha mantenido durante la misma una libertad responsable. Libertad porque se han publicado artículos sobre posibles alternativas de solución pero responsablemente hemos obviado publicar informaciones que afectara a la gestión concreta de la crisis por parte de nuestro Gobierno. Cuando éste informe al Congreso sobre los detalles de su gestión, se podrá hacer la crítica y valoración de la crisis con mejor fundamento y objetividad. Sin embargo existen ya actuaciones sobre las que es posible y conveniente aportar nuestro punto de vista a partir de una situación ambiental sobre la que conviene alguna reflexión.
La piratería es un lamentable fenómeno que nos acompaña a lo largo de la historia. En el siglo XIX, tras una decidida y continuada intervención armada, EEUU y otras potencias europeas, la piratería se la redujo a unas acciones esporádicas y residuales.
Sin embargo la generalización del recurso a la guerra irregular, por los movimientos revolucionarios, hacían previsible su reaparición en las áreas geográficas políticamente inestables. No se anticipó la amenaza e incluso el delito de piratería desapareció como tal en nuestra legislación penal.
Somalia, que gravita sobre unas rutas y unos espacios marítimos de gran importancia estratégica y comercial, desde hace más de veinte años está instalada en la inestabilidad, con una débil acción de gobierno, una notable influencia de los islamistas de Al Qaeda y un poder real en manos de señores de la guerra, que tiene establecidas en aquel territorio sus organizaciones, con una buena estructura logística y de comunicaciones para el ejercicio de la piratería, como una forma de vida que les permitió recaudar el pasado año, de los más débiles, más de 100 millones de dólares.
Solo en Puntland hay secuestrados hoy más de una docena de barcos de diversas nacionalidades y junto con el Alakrana había 3 barcos más en Haradere.
La piratería somalí es un asunto complejo ante el que no es posible ponerse de perfil, sino que requería haberse anticipado previsoramente y mantener acciones más resolutorias concertadas entre las potencias que operan en la zona.
Cuando España se avino a pagar el rescate del Playa de Bakio sabíamos que en buena parte contribuíamos a potenciar las organizaciones piratas y que si no continuábamos la acción persecutoria de los secuestradores, el precedente abría el camino hacía nuevos secuestros de nuestros barcos.
Cuando España se avino a pagar el rescate del Playa de Bakio sabíamos que en buena parte contribuíamos a potenciar las organizaciones piratas y que si no continuábamos la acción persecutoria de los secuestradores, el precedente abría el camino hacía nuevos secuestros de nuestros barcos.
Sin embargo si que fuimos impulso de una acción combinada protectora: la "Operación Atalanta". Un proyecto con notables carencias a pesar de su coordinación con otras misiones similares de la OTAN., etc.
Posteriormente y con evidente retraso (a la vista está lo que le sucedió al Alakrana), el Gobierno ha resuelto con agilidad e incluso con algunos atajos procidementales, la seguridad inmediata de los pesqueros y mercantes a cargo de la seguridad privada, de efecto disuasivo pero limitada resistencia si se llega a materializar la agresión, momento en el que sería necesaria la intervención de fuerzas militares de entidad suficiente y con mayor capacidad de reacción, para actuar con en oportunidad que las actuales de la Operación Atalanta. Esto último está por resolver.
El previsible secuestro de un pesquero español, le tocó al Alakrana barco abanderado en España, abrió un nuevo episodio crítico.
Una vez que se constituyó la normativa Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de crisis y designada con lógica la autoridad responsable de la misma, hubiera sido deseable que la Comisión hubiera tenido una sola portavocia, para la comunicación inmediata y frecuente con las familias de los secuestrados, empresa del barco y opinión pública, que modulara la información a suministrar, y que sin descubrir las delicadas gestiones a realizar en estos casos, aprovechara el suficiente campo informativo existente, para transmitir con veracidad lo que fuera posible publicar y así hacer patente que se ejerce un control permanente de la situación. Por motivos que todavía desconocemos, a una larga etapa de silencio, ha sucedido otra en la que en el mismo día, había declaraciones de cinco autoridades del gobierno con versiones fragmentarias y hasta no coincidentes.
Una vez que se constituyó la normativa Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de crisis y designada con lógica la autoridad responsable de la misma, hubiera sido deseable que la Comisión hubiera tenido una sola portavocia, para la comunicación inmediata y frecuente con las familias de los secuestrados, empresa del barco y opinión pública, que modulara la información a suministrar, y que sin descubrir las delicadas gestiones a realizar en estos casos, aprovechara el suficiente campo informativo existente, para transmitir con veracidad lo que fuera posible publicar y así hacer patente que se ejerce un control permanente de la situación. Por motivos que todavía desconocemos, a una larga etapa de silencio, ha sucedido otra en la que en el mismo día, había declaraciones de cinco autoridades del gobierno con versiones fragmentarias y hasta no coincidentes.
En estas situaciones de crisis es preciso saber conjugar la libertad de acción del ejecutivo, la veracidad en la información que sea posible ofrecer sobre la gestión y la promoción de una justa conciencia en la sociedad, de acuerdo con lo que corresponde a un Estado de Derecho.
En esta crisis, si bien era lógico proclamar como objetivo prioritario la liberación sanos y salvos de los tripulantes, nunca debió afirmarse que éste era el principal, absoluto y único objetivo, porque era declarar que sólo se contemplaba transitar el camino de la negociación para el pago del rescate. Si en principio no criticamos el recurso a la negociación, creemos que debe quedar expresado también sin ocultamiento alguno, para la correcta formación de la conciencia social, la decisión última de llevar ante la justicia a los piratas y destruir sus bases. La sociedad tiene que asumir, con la entereza moral que en otras ocasiones ha hecho patente, que se podrán producir riesgos, en la recuperación de los secuestrados y en general de la libertad de navegación. En un Estado de Derecho no se puede ceder al chantaje impunemente, salvo que la negociación sea una acción intermedia en la búsqueda de la solución definitiva y de justicia que ante el delito aquel reclama.
Somos conscientes de que buena parte de la sociedad española ve la piratería de Somalia como algo remoto que no le afecta y que tan sólo lo conmueve el destino y sufrimiento de los secuestrados, pero la responsabilidad de una acertada dirección política no debe optar por la solución más cómoda o mejor recibida por la opinión, sino por la que no desvirtúe el Estado de Derecho ni haga dejación de su jurisdicción. Todo ello administrado con razonable flexibilidad, pero sin que en los dilemas morales, legales y políticos entre el mal mayor y menor, acabemos perdidos y moralmente degradados.
Esperamos que en su informe al Congreso, el Gobierno exponga las acciones contundentes de diverso tipo, a promover a partir de ahora, en coordinación o no con otras naciones, contra los secuestradores del Alakrana y en general para la erradicación de la piratería en esa zona que asegure la libre navegación en esa zona.
Nota al margen.-
Lógica y compartida la alegría por la liberación sin daño de la tripulación del Alakrana pero, manténgase la investigación en curso sobre que bandera llevaba el barco al ser apresado, por si no fuera la correcta, proceder al oportuno expediente administrativo.
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